El informe de libertad de expresión que presentó en Panamá de la Sociedad Interamericana de Prensa ante la 74ª Asamblea General detalla un incremento de procesos legales contra medios de comunicación y periodistas, así como ataques verbales y a través de las redes sociales.
“En las últimas reformas al Código Electoral se modificó la norma que establecía la prohibición a los medios para divulgar encuestas de opinión durante los procesos electorales. La norma establecía un período de diez (10) días, el cual se extendió ahora a veinte (20) días calendarios antes de las elecciones.
Esta disposición violenta los principios de libertad de expresión y derecho de acceso a la información de los ciudadanos. La medida fue demandada por inconstitucional en un proceso interpuesto por Televisora Nacional TVN y se encuentra pendiente la decisión de la Corte Suprema de Justicia.
Se mantiene vigente en el artículo 195 del Código Penal la tipificación de la injuria y calumnia cuando se cometan a través de medios de comunicación y aunque ha quedado despenalizada cuando la “supuesta víctima” sea un funcionario con mando y jurisdicción nacional, se mantiene vigente para particulares, el resto de los funcionarios y exfuncionarios. Varios ex funcionarios han usado esta norma para demandar penalmente a periodistas.
Los gremios insisten en la despenalización de los delitos de calumnia e injuria y que se establezcan límites a las demandas civiles.
El Tribunal Electoral, frente a las elecciones general y procesos internos de los partidos políticos, continúa promoviendo la firma del Pacto Ético Digital, que busca que se respete la veda electoral, en redes sociales evitar campañas sucias, evitar el uso de cuentas falsas y “bots” para desinformar o guiar maliciosamente al electorado; promover el buen uso de las redes sociales y estar vigilantes ante la aparición de noticias falsas.
Editora Panamá-América (EPASA) mantiene su denuncia sobre una campaña de intimidación por parte del Gobierno. El Ministerio Público continúa realizando investigaciones denominadas “New Business”, basada en información remitida por la Asamblea de Diputados. EPASA considera que estas investigaciones buscan intimidar a los diarios Panamá-América y Crítica, en represalias por las informaciones relacionadas con casos de corrupción.
En abril el periodista Álvaro Alvarado presentó una querella penal contra Ricardo Maestre, luego de ser amenazado en Instagram con un mensaje: “Cuídate que te van a matar”. No se conocen resultados de la investigación de esta querella.
En junio durante el traslado del expresidente Ricardo Martinelli al centro penitenciario El Renacer tras su extradición a Panamá, los camarógrafos Cristopher Núñez y Lenín Ramos y los motorizados Stephan Valdespino de Telemetro y Jhonny Urrutia de TVN, fueron retenidos por unidades de la Policía Nacional, impidiéndoseles continuar con su trabajo.
Se encuentra en primer debate ante la Asamblea Nacional el proyecto de Ley No. 665 “De Protección de Datos personales”. Si bien se busca adoptar normas sobre la ciberdelincuencia y la protección de datos personales, el Instituto Panameño de Derecho y Nuevas Tecnología (Ipandetec) han exhortado a las autoridades a no aprobar leyes que pongan en riesgo los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Se mantiene suspendida la discusión sobre el proyecto de Ley sobre Cibercrimen propuesto por el Ministerio Público que contiene varias normas que afectarían el ejercicio del periodismo y la libre utilización de fuentes.
El diputado Sergio Gálvez en reiteradas ocasiones ha atacado al periodista Álvaro Alvarado de Corporación Medcom y a sus propietarios, calificándolo de “chantajista, extorsionador, ladrón, maleante”, y acusándolo de mantener una campaña negativa contra la Asamblea Nacional.
Los periodistas Delfia Cortez, Icar Reyes de TVN y Flor Mizrachic también sufrieron agresiones verbales y a través de las redes sociales.
Este tipo de agresiones provinieron de funcionarios públicos y ciudadanos, en ocasiones del presidente de la República, quien hizo llamados a los medios de comunicación a que den a conocer las noticias buenas de su administración.
Al hostigamiento verbal se le suma la preocupación por procesos judiciales contra los periodistas y medios.
En agosto las comunicadoras Mariela Ledezma y Annette Planells fueron querelladas penalmente por el expresidente Ricardo Martinelli, por el pretendido delito contra el honor de calumnia e injuria, reclamando un supuesto daño moral por la suma de dos (2) millones de dólares. Ledezma y Planells han hecho referencia a los casos de corrupción durante su administración que se encuentran bajo investigación del Ministerio Público.
SIP • IAPA@sip_oficial#AHORA | #SIPSalta Se lee el informe de libertad de expresión en Panamá: http://ow.ly/64Ta30mjhiN
Fuente: Metro Libre