Según las Naciones Unidas, a nivel global, 1 de cada 3 mujeres experimentan violencia de pareja íntima y 1 de cada 10 niñas menores de edad son víctimas de violación.  Panamá no escapa a esa realidad. En el período 2019-2020 se reportaron 851 niñas menores de 14 años quienes tuvieron partos. Todas han sido violadas. El abuso sexual de estas niñas es una violación grave, sistemática y extendida de sus derechos humanos.

El caso de la niña de 8 años descrito ampliamente en medios de comunicación masiva ha sido condenado por la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología porque este no es un tema nuevo. Es un problema de más de 25 años de evolución en Panamá, tiempo en el cual el país ha fallado en proteger a las niñas, en brindarles educación sexual, en dotarles de herramientas para el manejo del estrés postraumático de las víctimas de violación, en la reintegración de las niñas vulneradas y en el castigo de los violadores sexuales.

Nosotros y nosotras en Ciencia en Panamá, pronunciamos lo siguiente sobre ese caso particular y sobre otros:

• La maternidad forzada de las niñas genera daños psicológicos irreversibles. La violencia sexual a edades tempranas tiene muchas consecuencias en el bienestar psicosocial y en el desarrollo durante toda la vida de las niñas y sus hijas e hijos.
• El sistema falló en la interrupción del embarazo producto de una violación, conforme lo establece el Código Penal (Artículo 144). El Estado de la República de Panamá tiene la obligación de proteger y cuidar el bienestar y la salud física y mental de las niñas, niños y adolescentes.
• Se hace inminente la apertura de las aulas de clases, porque estos constituyen en muchos casos los únicos sitios seguros y de protección de niñas, niños y adolescentes, ya que ellas y ellos pueden salir de espacios en donde se encuentren en riesgo, pasar más horas en las escuelas, aprender sobre educación sexual y sus docentes pueden encontrar patrones de abuso y alertar a las autoridades correspondientes.

Por esto proponemos las siguientes acciones:

• Las autoridades deben asegurar albergue seguro, servicios de salud mental y socioeconómicos para disminuir la carga de las niñas que son forzadas a ser madres, así como de sus hijas e hijos.
• El seguimiento oportuno será fundamental para asegurar el acceso a programas de servicio social y salud mental de las niñas y el bienestar biológico y social de su hijos e hijas.
• Implementación amplia de la educación integral en salud y sexualidad en las escuelas y a nivel comunitario. Este proceso debe incluir a padres y madres y a otras y otros cuidadores primarios, docentes y líderes comunitarios como multiplicadores del mensaje. En Panamá se han generado iniciativas multisectoriales particulares, para responder ante esta necesidad, generando resultados positivos. Sin embargo, consideramos que debe ser una política pública nacional.
• Promover estudios multidisciplinares, que integren disciplinas como sociología, antropología, derechos humanos, salud pública, mental y sexual a nivel nacional para identificar barreras y soluciones para disminuir el impacto del embarazo y otros indicadores claves de la salud sexual y reproductiva en niñas, niños y adolescentes en Panamá.

Nosotros y nosotras, integrantes de Ciencia en Panamá, reafirmamos nuestro compromiso de promover y proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes de Panamá. Rechazamos los movimientos anti-ciencia que interceden en cumplir con sus derechos. Pedimos al Estado panameño y a toda la sociedad cumplir con mantener la integridad de nuestras futuras generaciones.

Panamá, 5 de marzo de 2022

Fuente: Ciencia en Panamá