Hasta diciembre de 2018, los clientes que consuman al mes más de 300 kWh registrarán un ajuste de $0.015 por cada kWh en su tarifa, por la entrada de la tercera línea en la nueva tarifa de transmisión y los ajustes normales del periodo.
El alza de 8.4% en la tarifa de transmisión lo asumirán 274,554 clientes; es decir, 24.5% de los 1,120,927 consumidores de electricidad del país, pues los 846,373 restantes no tendrán el aumento por el subsidio del Fondo de Estabilización Tarifaria (FET), del Fondo Tarifario de Occidente (FTO), así como los clientes de Edechi, a excepción de los de tarifa MTH y ATH.
En el caso de las residencias, el ajuste va de $5.81 a $34.88 para los clientes de Edemet (Gas Natural Fenosa), y los negocios como supermercados y farmacias e industrias pagarán de $760.60 a $3,414.60 por mes. Mientras que el ajuste de los clientes de ENSA oscila de $4.76 a $31.86 al mes, y en el caso de los negocios, pagarán de $932.17 a $3,840.51 al mes (ver recuadros) .
El subsidio que destina el Gobierno será de $38.8 millones, de los cuales $18.6 millones son del FET y $20.2 millones, del FTO.
Roberto Meana, administrador general de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), explicó ayer que el incremento se debe al retraso de la operación de la tercera línea de transmisión, ya que las hidroeléctricas que construían desde 2007, 2008 y 2009 y cuyas obras concluyeron en 2011, 2012 y 2013, no enviaron energía al no estar lista la tercera línea de transmisión, y cinco años después, el proyecto opera.
Al ser cuestionado por el retraso, Meana fue enérgico al decir que ‘la pasada administración tenía en sus manos un Plan de Expansión, el cual se tenía que cumplir, pero debido a retrasos en un llamado a licitación’ surgen los problemas, ‘pues luego se hizo a finales de 2013 a la carrera, para hacer un contrato en el 2014 donde solo participaron dos empresas’, entre esas la constructora brasileña Odebrecht.
‘La negligencia se centra en que las inversiones tienen que hacerse de forma planificada y ejecutar de forma estratégica para no pagar sobrecostos’, puntualizó.
Por su parte, Gilberto Ferrari, gerente general de la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa), comentó que ‘la tercera línea de transmisión eléctrica fue entregada para operación comercial en octubre de 2017, cinco años más tarde de lo que estaba supuesta a iniciar’.
Para Ferrari, el alza se relaciona a tres componentes. Primero, el pago al contratista por construcción y financiamiento de la tercera línea ($285 millones); segundo, los pagos a dueños de derecho posesorio por el derecho de vía y servidumbre ($60 millones), y tercero, parte del costo del atraso de la construcción de la tercera línea obligada y desplazada ($80 millones de los $130 millones registrados a diciembre de 2017).
Para que esto no se repita, Ferrari recordó que en octubre de 2017 presentaron el proyecto de ley 573, para que no haya intromisión externa en decisiones técnicas ni de ninguna otra índole de la empresa que le cuesten más al país, enfatizó el gerente general de Etesa.
‘El proyecto de ley 573 está desde entonces en primer debate y ha sido viciado por comentarios mal intencionado de distintas partes opositoras’, acotó Ferrari.
Fuente: La Estrella de Panamá
